La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de tres meses al Estado ecuatoriano para que explique las razones que llevaron a declarar la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, medida que derivó en su destitución de la Presidencia de la República.
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La notificación, emitida el lunes 11 de agosto de 2025, fue dirigida a la Cancillería para que presente sus alegatos en respuesta a la denuncia interpuesta por el exmandatario en octubre de 2015.
El plazo podría ampliarse hasta un máximo de cuatro meses.
Bucaram reaccionó en la red social X afirmando: “Nunca es tarde para hacer justicia” y cuestionó que se lo haya destituido “sin diagnóstico médico” y con la participación de “44 pillos” que —según él— se apoderaron del poder.
Origen de la demanda ante la CIDH
En febrero de 1997, Ecuador atravesaba una fuerte crisis política y social. El diputado Franklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para destituir a Bucaram alegando discapacidad mental. La propuesta obtuvo el respaldo de 44 legisladores del PSC y de Democracia Popular.
Según el expresidente, la decisión fue ilegal porque no existió juicio político ni proceso civil que avalara la supuesta incapacidad, y tampoco intervino un cuerpo médico especializado. Tras su salida, Fabián Alarcón asumió como presidente interino.
Con el pronunciamiento de la CIDH, el Estado ecuatoriano deberá argumentar la legalidad de aquella destitución, mientras que los diputados que votaron a favor tendrán que justificar su actuación.
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Bucaram, procesado por delincuencia organizada
Paralelamente, Bucaram enfrenta un juicio por delincuencia organizada junto a su hijo Jacobo Bucaram y dos personas más, en el llamado caso “Pruebas covid-19 Agentes AMT”.
La Fiscalía sostiene que los procesados integraban una estructura que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detectar Covid-19 y otros insumos médicos.
El traslado de las pruebas habría contado con la seguridad de agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), beneficiando a los extranjeros Sheinman O. y Shy D., este último asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
En 2020, los extranjeros fueron detenidos en Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. En su hospedaje se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros.
El llamado a juicio se dictó en diciembre de 2021, pero el proceso se ha dilatado por excusas de los procesados, inasistencias de abogados y problemas de salud.